Problemas financieros en la Universidad

La Universidad Nacional de las Artes (UNA), junto a la mayoría de las Universidades Nacionales, solicitó al Congreso de la Nación la revisión de los criterios aprobados en comisión de diputados, que repartía todos los refuerzos presupuestarios (conocidos como Planilla B), arbitrariamente en unas pocas instituciones. Más precisamente, entre 21 universidades “amigas” (según indica el parte de la UNA) dejando afuera a 34 universidades nacionales cuyos gastos de funcionamiento, conocidos como planilla A, ya es deficitario.

Estos gastos son destinados a financiar problemas de infraestructura, programas especiales y carreras nuevas, entre otros. Históricamente su distribución se realizaba a través de un sistema de consenso universitario, del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a los rectores de todas las universidades públicas del país. “Es imposible saber de dónde salió el criterio para la elección de las universidades beneficiadas ya que no lo envía el Ministerio de Educación, ni el CIN”, dijo Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes.

Por otro lado, el 30 de noviembre, la UNA anunció la cancelación de una jornada de protesta en la vía pública, que había convocado, debido a la situación de emergencia edilicia y presupuestaria por la que atravesaron el año 2016. El reclamo era para lograr la continuidad y finalización de todas las obras de infraestructura en los edificios propios y la consolidación en el presupuesto de los montos que garantizaran el pago de los alquileres del resto de los edificios (que son muchos) necesarios para el funcionamiento de la universidad.

La protesta se suspendió cuando desde el gobierno prometieron a la Universidad, los siguientes puntos:

• La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación y Deportes firmó la Resolución que destina a la UNA los $10.000.000 necesarios para subsanar la deuda que, en concepto de alquileres, la universidad mantiene con diversos propietarios privados (deuda contraída por el sistemático atraso en el envío de los fondos correspondientes al año en curso y el aumento de los costos de adecuación de algunos de los nuevos alquileres).
• Se firmó también la Resolución que dispone el envío de los $13.000.000 adeudados a la UNA correspondientes a los fondos 2016 del Contrato Programa que permitió el ingreso por concurso a la planta permanente de los nodocentes de la universidad.

“Sin embargo, mantenemos el estado de alerta y la previsión del llamado a una nueva fecha de reclamo en caso de no concretarse lo anteriormente anunciado”, continúa el parte de prensa. “Ante la posibilidad de haber recuperado algunos de nuestros derechos adquiridos pero amenazados, y sin renunciar a los que todavía restan, seguimos unidos en esta obra colectiva por la defensa de la educación y la universidad pública”.