Como anunció Balletin Dance en la edición de diciembre de 2017 (Nº 271) el gobierno porteño preparó un proyecto de ley que presentó en la Legislatura, para la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad (Unicaba), que implicará el desmantelamiento de 29 Institutos de Formación Docente
A mediados de abril, miles de personas salieron a la calle, para reclamar por la continuidad de las emblemáticas instituciones educativas; estudiantes, docentes y rectores explicaban con pancartas la situación en la que se encuentran. Para algunos se trata del mismo plan nacional de reforma del sistema educativo, con su correspondiente ajuste en las condiciones de trabajo y la desvalorización de la labor realizada por más de un siglo en esos institutos. En realidad se trata de 29 proyectos educativos completamente diferentes, que resultaría dificultoso poder agrupar en una única unidad académica (y edificio).
Si bien a ciencia cierta nadie sabe cómo sería esta nueva Unicaba, el proyecto se escribió sin consultar, ni dialogar, con ninguno de los profesorados, por lo tanto existe cierta inquietud (y temor) sobre cómo serían los nuevos planes de estudio. Los docentes interinos o suplentes perderían su trabajo con el traspaso, mientras que los titulares (al cambiarles la pertenencia estatutaria), perderían todos sus derechos adquiridos. Para los alumnos, también será una pérdida, en primer lugar de sus espacios físicos, de sus claustros para la toma de decisiones, de sus consejos directivos.
La propuesta que se analiza en la Legislatura, autoriza al Ejecutivo a transferir a la nueva universidad (patrimonio, personal docente y no docente, matrícula y sus correspondientes partidas presupuestarias) el nivel terciario de gestión estatal de las escuelas normales superiores, las superiores de educación artística y los institutos de educación superior de formación docente, así como la escuela de maestros.
Jason Beech, docente investigador de Sociología de la Educación, Educación Comparada y Problemas Educativos Contemporáneos en la Universidad de San Andrés, indicó que “aprobar este proyecto sería una irresponsabilidad de parte de los diputados porque es un salto al vacío, no da detalles de cómo se va a llevar adelante”. Cerrarán instituciones centenarias “con un proyecto que ni siquiera dice cómo se va a hacer”, y agregó que “no se puede promover un cambio tan importante sin consultar a nadie”.
Mientras tanto, en todo el país, las movilizaciones y reclamos docentes, de investigadores, becarios y científicos, continúan mes a mes, incluida una marcha multitudinaria el 23 de mayo en Buenos Aires. Los educandos rechazan el ajuste del gobierno a la cartera de educación, defienden la universidad pública y el salario docente (objetando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la próxima reforma laboral). Insisten en que las paritarias salariales no han avanzando en tres meses, que el presupuesto universitario viene en baja desde hace dos años complicando enormemente afrontar el tarifazo (electricidad, gas y el impuesto inmobiliario) y la devaluación, solicitan inversión educativa y financiamiento.
Pareciera que el gobierno argentino, está realizando muchos de sus cambios en materia educativa, similares a los propuestos en un informe encarado por el Banco Mundial, titulado “Profesores excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina” (https://goo.gl/L1c2GS).